Se analizó en comisión el impacto del uso de la aplicación Uber y evaluar los embargos que recaen sobre las licencias de taxis.
El secretario de Gobierno Alejandro Vicente y el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, concurrieron ayer a una reunión conjunta de las comisiones de Transporte y Legislación del Concejo Deliberante para analizar el impacto del uso de la aplicación Uber y evaluar los embargos que recaen sobre las licencias de taxis.
Según el subsecretario de Legal y Técnica “la normativa actual no permite la utilización de aplicaciones para el transporte público de pasajeros” por lo que en su opinión “no es posible permitir su desarrollo dentro del Partido de General Pueyrredon”.
“Además de prohibir el uso de Uber paralelamente tenemos que regular el uso de herramientas tecnológicas que puedan ser utilizadas por empresas del sector (taxis y remises) para una mejor prestación de servicio”, argumentó Gil de Muro.
En la reunión se habló puntualmente del proyecto de ordenanza presentado por la concejal Patricia Serventich y su par Guillermo Arroyo que argumentaba prohibir “la prestación de servicios a través de dispositivos móviles y aplicaciones que tengan como finalidad conectar usuarios con prestadores de servicios de transporte de personas no habilitados”, entre otros puntos.
A propósito de ello, Gil de Muro señaló que “teniendo en cuenta que el transporte público es regulado por el Estado, es éste el que tiene que autorizar y habilitar a conductores y realizar controles de los seguros de los vehículos, y los exámenes psicofísicos. Si Uber llega, el Municipio tiene que tomar intervención en control y sanción. Pero insistimos que esta modalidad tecnológica no se encuentra contemplada ni permitida por la normativa que regula el transporte público de pasajeros”.
El secretario de Gobierno, a su turno, señaló que sobre el pedido en la reunión sobre el tema de embargos a licencias de taxis “se puso de manifiesto que las mismas revisten el carácter de un permiso administrativo que concede el Estado municipal y por ende no deberían ser objeto de medidas cautelares como son los embargos. Sin embargo la interpretación de algunos jueces al ser diferentes se han producido embargos sobre licencias de taxis afectando la potestad del municipio”.
“De modo que -continuó Vicente- para impedir estas situaciones se sugirió a los concejales una convocatoria a los legisladores provinciales a los fines de que se promueva una reforma legislativa en el Código de Procedimientos Civil y Comercial que contemple la inembargabilidad de las licencias de taxis”.